Que Perú decidiera desconocer la frontera marítima ya establecida con Chile por históricos acuerdos y tratados, es un asunto que debe preocupar a toda la comunidad latinoamericana. Si Lima lograra su objetivo ante La Haya, implicaría que sencillamente no hay seguridad jurídica y que todo acuerdo está sujeto a revisión aunque esté firmado y aplicado por décadas. Sería abrir una caja de Pandora en la región.
El Derecho Internacional o Derecho de Gentes surgió como una necesidad para regular las vinculaciones entre Estados soberanos e impedir que todo se resuelva por la fuerza. Las fuentes del Derecho internacional son la Costumbre y los Tratados, que establecen derechos y obligaciones jurídicas entre las partes. Esta codificación de normas de conducta entre naciones fue un proceso lento para lograr una forma civilizada de mantener la paz, pero desgraciadamente carece de una maquinaria de coacción, y eso hace prevalecer la idea en gobiernos inmaduros de que se puede infringir. Un gobierno que no cumple acuerdos firmados en la práctica “sólo” sufre desprestigio y desconfianza.
No es menor que un límite tan claramente reconocido en tratados tripartitos entre Chile, Perú y Ecuador sea ignorado, máxime si esos acuerdos (la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954) dieron forma a todo el sistema del pacífico Sur y sus efectos interesan a Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá.
Es por lo demás poco coherente que el gobierno peruano argumente que sí reconoce esos tratados respecto a Ecuador pero no con Chile, si incluso Perú firmó acuerdos complementarios con Chile en 1954, 1968 y 1968 donde se establecen zonas de tolerancia pesquera y faros para demarcar la frontera oceánica. Si Lima así procedió en el pasado, no puede ahora desconocer su propio actuar. No hay sistema internacional que resista una conducta tan errática e inconsecuente.
Perú dice ahora que el artículo 4º de la Declaración de Santiago le permite hacer una diferencia con Ecuador, pues hay islas que proyectan sus 200 millas y para repartir esas aguas se estableció el paralelo como límite marítimo; pero con Chile, Perú no acepta la validez del paralelo respectivo que durante más de 50 años ha sido la división reconocida por ambos países y por toda la comunidad internacional. Tan razonable es la postura de Chile, que la Cancillería ecuatoriana, al enterarse de la demanda peruana en La Haya, se pronunció diciendo que “no pierde de vista que el proceso judicial pudiera tener implicaciones para el Ecuador” debido a que significa la reinterpretación de los acuerdos firmados por los tres países.
Si Perú lograra sus nuevos objetivos o parte de ellos a costa de la seguridad jurídica que debería existir, habrá que desempolvar los libros que explican que las relaciones internacionales son una lucha por el poder. Y habrá que aceptar que los ideales de una buena convivencia vecinal están supeditados a las jerarquías que establece ese poder, sea en su versión geopolítica, económica o diplomática. Que valores básicos como la buena fe, el derecho, la cooperación y el respeto no se dan con nuestro vecino; que prevalece la Realpolitik, o el arte de agrupar los diferentes elementos del poder y la influencia, para lograr objetivos en el ámbito internacional.