La demanda ante la Haya es un despropósito para la seguridad social de chilenos y peruanos. Implica ignorar que las políticas sociales y el crecimiento económico exigen un horizonte de estabilidad nacional y regional. Los más de 130 mil peruanos que residen en Chile, y millones de ciudadanos de ambos países que necesitan progresar, no se benefician en absoluto del litigio en La Haya. Un estadista moderno debería saber que el desarrollo va unido a una opción estratégica por la estabilidad de las fronteras.
En un mundo globalizado e incierto, con nuestros países sometidos a altibajos financieros externos, es un imperativo ético asegurar condiciones de estabilidad para el progreso de estas naciones tan vulnerables. América Latina viene de vuelta de una serie de experimentos y utopías ideológicas que pagaron caro los más pobres. Es la hora de complementar estrategias, defender intereses comunes en el Pacífico sur asediado por flotas pesqueras ajenas y depredadoras, en vez de enfrentarse en La Haya. Nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo – junto a Africa subsahariana- con un 35% de pobreza según la Cepal. Lo que se requiere para superarla son entendimientos, no demandas limítrofes que agotan los presupuestos de las Cancillerías, implican gastos militares y entrampan el comercio y el progreso.
Las autoridades de Lima perturban así un momento crucial en América Latina, que por primera vez vive una real expectativa de avance económico. El presidente Alan García y su antecesor, Alejandro Toledo, al gestionar la demanda contra Chile y desconocer acuerdos firmados y reconocidos durante décadas, estaban más ocupados de su popularidad que de fortalecer instituciones para resolver los problemas reales de los peruanos. Tal vez olvidaron lo peligrosa que es la eterna contradicción latinoamericana, entre la igualdad política a que se aspira con la democracia, y la desigualdad de hecho que persiste en el ámbito social.
Las autoridades peruanas deberían evaluar cuánta desigualdad puede tolerar una democracia y por cuánto tiempo, antes de que los desilusionados ciudadanos vuelvan a apelar a soluciones extremas. Los pueblos necesitan confiar en instituciones serias más que en liderazgos personales. Esperan un crecimiento estable para evolucionar desde un humillante asistencialismo, a oportunidades efectivas de trabajo. Esa eterna espera debe ser dotada de legitimidad, con planes serios y un cierto desempeño o “delivery”. Y eso implica tranquilidad para el intercambio en las fronteras, no caros y agotadores litigios que afectan las confianzas.