Chile y Perú firmaron el 22 de agosto de 2006 un Tratado de Libre Comercio. Se trata de un asunto muy positivo, y tras su tramitación parlamentaria, se convertirá en el primer tratado bilateral entre países de América del Sur. Las inversiones de empresas chilenas en Perú superan los 5 mil millones de dólares, pero lamentablemente son muy escasas las peruanas en Chile. Hay 78 mil peruanos documentados y 150 mil en total residiendo en Chile en busca de mejores perspectivas económicas, lo que constituye un alivio para las autoridades de Lima que no han logrado reducir el desempleo. Además, las empresas chilenas generan unos 20 mil puestos de trabajo en Perú.
El presidente Alan García está llevando a cabo un gobierno muy diferente a su cuestionado primer mandato. Ha logrado mantener el buen ritmo de crecimiento que traía el PIB, de un 8% el 2006 y de un 7.5% el primer trimestre de este año. Perú está más abierto en lo económico y a punto de firmar un Tratado de Libre Comercio con EEUU.
Todo lo anterior es alentador, pero hay un problema (eterno problema…). El gobierno peruano no logra solucionar las demandas más apremiantes de los sectores pobres, y ya la popularidad del presidente García cayó al 35%. Su gobierno está recurriendo a la antigua y repetida práctica de complicar la relación con Chile, para mitigar la pérdida de apoyo interno.
Lima anunció que recurrirá la Corte Internacional de Justicia para cuestionar el límite marítimo con Chile. No reconoce el paralelo que pasa por el Hito 1 y que se proyecta hacia el mar. Como consecuencia, ha comenzado a impugnar el Hito 1 sobre la base de que la frontera terrestre se iniciaría en el punto Concordia, a orillas del mar. Todo esto implica desconocer el Tratado de 1929 vigente por más de 70 años, y los Acuerdos de 1952 y 1954 sobre delimitación marítima, firmados y practicados por décadas y reconocidos por la comunidad internacional. Esos acuerdos además corresponden a todo un sistema de delimitación del Pacífico Sur, entre Chile y Perú, Perú y Ecuador, Ecuador y Colombia, en una larga vigencia que ha sido confirmada por la práctica y el reconocimiento mundial.
Esta y otras dificultades vecinales que desvían recursos y esfuerzos, requieren ser enfrentadas con políticas de Estado que involucren a gobierno y oposición en Chile, sin afectar la gama de interacciones positivas entre las sociedades civiles de Chile y Perú. Actitudes como la de Perú son causa principal de atraso regional pues impiden la confianza, clave para acuerdos de desarrollo como se han logrado en el norte de América, en Europa y en Asia.