Las elecciones son condición necesaria pero no suficiente de la democracia. No basta elegir a los gobiernos. Es requisito que los distintos poderes del Estado puedan mantener su autonomía sin ser sometidos por el gobernante, y que los ciudadanos sean respetados en sus libertades y garantías. Sólo hay democracia donde se respeta siempre  la Constitución y el Estado de derecho.

Este es el tema central en la discusión sobre el reciente golpe en Honduras, y también para catalogar al  presidente venezolano Hugo Chávez. Se puede tener legitimidad de origen –si se   llega al poder por la vía legal- pero convertirse en ilegítimo de ejercicio, al no respetar la Constitución.

Eso es lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos. De modo sutil a veces, como en el caso de los Kirchner que fueron concentrando el poder en Argentina, o en forma abierta como en la Venezuela de Chávez, en muchas de nuestras repúblicas aunque se vota, no se ejerce cabalmente el espíritu democrático.

Con la excepción de Cuba,  en todos los países de la región los gobiernos han surgido de elecciones.  Pero en demasiados casos las autoridades confunden el poder con un botín para sí mismos, y alteran las leyes para perpetuarse en él. Como resultado hay  instituciones  débiles e inestabilidad.

En el caso de Honduras se dan algunos de estos vicios. Hubo un golpe militar,  condenable e inaceptable.  Pero su origen es  muy atípico, porque se basa en el  Parlamento y el Poder Judicial, que pidieron deponer al presidente Zelaya, quien se había  deslegitimado y pretendía mantenerse en el poder con ayuda del venezolano Chávez. Ni un  solo diputado, ni siquiera de su partido, levantó la mano para defender al mandatario.

A pesar de los abusos de poder de Zelaya, es inaceptable que se llamara al ejército para derrocarlo, en un acto de suma inmadurez política. Debió recurrirse a la propia institucionalidad hondureña para resolver. La solución ahora es convocar cuanto antes a elecciones y restaurar la normalidad institucional.

El caso Honduras refleja la necesidad de reflexionar sobre el doble estándar con que se ha venido evaluando a los gobiernos en la región. Se condena rápido –y correctamente-  un golpe, pero nada se dice respecto a los abusos que el presidente depuesto estaba cometiendo. Tampoco puede aceptarse más el silencio frente a gobiernos como el venezolano, democrático en su origen pero abusivo en su ejercicio.

En la Carta Democrática del 2001, los países del continente asumieron el compromiso de denunciar las violaciones del Estado de Derecho. América Latina requiere que todas las malas prácticas sean condenadas por igual, incluidos los arbitrios de gobernantes que usan la democracia para abusar impunemente de la sociedad que los eligió.