Los políticas sociales desarrolladas durante el siglo XX fueron todo un logro de la cultura europea. Un gran aporte a la humanidad. Pero esas conquistas fueron desvirtuadas por las diversas corrientes políticas, que alteraron su propósito humanitario y las usaron como un formidable instrumento de adhesión popular. El resultado es que hoy en Europa los desproporcionados beneficios actúan como perversos incentivos para acogerse a la calidad de protegido del Estado, pretender una jubilación temprana, y tratar de ser elegible para la ayuda social y sus pagos.
El necesario apoyo a los más débiles de la sociedad, llevado al extremo, ha significado Estados endeudados, grandes corrientes migratorias hacia Europa, altos impuestos y enormes burocracias. Por eso la actual crisis del Euro podría iniciar una nueva era, en la que se buscará poner límite al sobredimensionado estado de bienestar.
A fines del siglo XIX, el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, concibió el moderno sistema de seguridad social. Su objetivo era ante todo social, pero también político. Buscaba cohesionar al recién formado Estado alemán unificado, y la política social era parte de esa política nacional, mediante un sistema de obligaciones mutuas con el ciudadano. Pero esa seguridad social -muy avanzada para la época- se mantuvo liviana como carga financiera para el sector productivo, porque no debía ser mayor al seis por ciento de los ingresos brutos. Buscaba un equilibrio entre obligaciones y beneficios, y comprendía un seguro de salud que también cubría a la vejez, el desempleo y los accidentes de trabajo.
Alemania fue país pionero en la creación de un sistema de política social, que se fortaleció en el siglo XX durante las dos reconstrucciones de post guerra. Pero después, la expansión de las políticas sociales fue producto de una gran prosperidad económica occidental y de las tensiones ideológicas durante la Guerra Fría.
Con el tiempo, en Europa los diversos tipos de Estado benefactor fueron creciendo en forma exagerada. En realidad, la idea de que el Estado debe proteger y promover la justicia social y el progreso -quizás la característica más distintiva del Estado moderno- se ha convertido en algunos países en un enjambre de complicadas regulaciones y leyes. Y hoy es difícil establecer quiénes son los beneficiados y quiénes los pagadores en sociedades en que aumenta la edad promedio, y que se caracterizan por crecientes derechos y menguantes obligaciones.
La economía social de mercado con la debida protección a los realmente postergados es la que mejor promueve el progreso. Pero cuando grupos de presión la usan para obtener poder político, terminan sofocándola. Recuperar su equilibrio es uno de los principales desafíos europeos al comenzar el siglo XXI.