Parto del supuesto de que el liberalismo económico se funda en la libertad, y que ésta no se aplica solamente al ámbito económico.

En el necesario desarrollo para salir de la pobreza, la racionalidad económica es una base indispensable, pero en ningún caso suficiente, para asegurar el avance hacia una sociedad más justa. La mera economía no puede aportar soluciones para una infinidad de problemas complejos en la sociedad. Por algo, grandes pensadores económicos -incluyendo al propio Adam Smith y a Friedrich von Hayek- fueron también filósofos morales, que hablaban de la necesidad de un consenso previo a la economía, que debe incluir virtudes asociadas a la libertad, como la confiabilidad o la lealtad. No bastan las leyes económicas si no van acompañadas de nociones mínimas de lo que está bien y lo que está mal en una sociedad. Y en Chile está mal la enorme desigualdad; es contraria a la lealtad mínima que esperamos de un sistema social.

En nuestra sociedad está bien que se busque el equilibrio macroeconómico y el crecimiento del PIB para avanzar hacia una sociedad de individuos libres y no dependientes del Estado. Pero está mal que en todos estos años demasiados chilenos no logren aún salir de la pobreza porque carecieron de oportunidades mínimas, o porque un Estado ineficiente hizo mal uso de recursos destinados a proveer salud, educación y jubilación adecuada a quienes por planilla se les retiraba su contribución, o a quienes el sistema no los incorporó desde la cuna. Si un gobierno no se hace cargo de esa injusticia de base y no actúa con una buena combinación de códigos morales y códigos económicos, podría debilitarse lo más importante en una sociedad: su cohesión interna.

Los vaivenes políticos en América Latina se explican porque las sociedades no encontraron parámetros validados colectivamente, porque los intereses de “clases” prevalecieron por sobre consensos mínimos de equidad. Al contrario, la prosperidad de las sociedades europeas, y del propio EE.UU. formado por inmigrantes, se consiguió porque esos pueblos lograron ciertos equilibrios sociales con un sentido de justicia compartido; si bien se basaron en el esfuerzo personal, la valoración de la libertad individual y de la economía de mercado estuvo siempre acompañada de un Estado subsidiario muy atento a ayudar a los más rezagados. No estoy propiciando la idea del Estado benefactor sobredimensionado que hoy es un obstáculo en muchos de esos países, sino la génesis de un sistema que pudo acompañar y sacar de la pobreza a millones.

Sé que es clave el crecimiento económico para generar empleos, la libertad de las personas para elegir por sobre los altos impuestos para distribuir y los equilibrios macroeconómicos para la independencia política, económica y soberana de Chile frente a imposiciones e inestabilidades externas, pero no puedo ignorar que hay sectores marginados para los cuales todo eso no basta. Y que si no se los apoya ahora ya, van a perpetuar en sus hijos el círculo de la pobreza.

Creo que ministros como Felipe Larraín en Hacienda, preocupado de los equilibrios fiscales; Juan Andrés Fontaine en Economía, atento a la productividad y a los miles de pequeños empresarios que generan empleo masivo, y Felipe Kast, con una mirada sensible hacia los más postergados, son una combinación muy potente para avanzar hacia una sociedad más justa. Eso, en el entendido de que no puede ser a costa del crecimiento. Pero es legítimo que un gobierno -como todos los gobiernos de los países que prosperaron- combine la teoría con la práctica, la regla económica con una mirada abierta a la complejidad de una sociedad aún demasiado desigual.